Es obvio que los laboratorios farmacéuticos deben bien sobre unos productos que, en su mayoría, son muy útiles pero pueden provocar reacciones adversas derivadas de su incorrecta utilización. Entre otras razones, se supone que los que desarrollan los fármacos son quienes mejor conocen sus propiedades. Salvo abusos de publicidad de dudosa ética, el problema principal no reside en los esfuerzos de la industria, sino en la falta de contrapeso, de una información equilibrada de otros organismos y colectivos que, en principio, no dependen de los laboratorios. Sin embargo, en los países que dedican más recursos a la información "independiente" no se sobrepasa el 2-5% del gasto en publicidad comercial. En España, las cifras son, a todas luces, considerablemente inferiores.
A escala mundial los gastos de promoción de los laboratorios superan con creces los de investigación y desarrollo, que alcanzan el 12-15% de las ventas. El número de visitadores comerciales, que representan hasta el 50% de los gastos de marketing, es sumamente alto, aproximadamente de uno por cada 7-15 médicos en activo. Otro dato es que, hace años, se calculó que en Suecia el gasto de promoción de los fármacos era más elevado que el presupuesto de todas las facultades de medicina del país.
Al aprobar los medicamentos, el Ministerio de Sanidad y Consumo establece una ficha técnica para cada uno de ellos. El ministerio publica una revista mensual en donde informa a los profesionales de la salud de las diferentes estrategias terapéuticas.
Además, dos categorías diferentes de farmacéuticos -los de hospital y los de asistencia primaria- disponen de estructuras para valorar y divulgar información. Otro colectivo relevante es el de los farmacólogos clínicos, especialistas en evaluar fármacos, pero insisten en que para entender de medicamentos y de su utilización hace falta tener amplios conocimientos de las enfermedades a los que los productos se destinan.
Lamentablemente, la competencia entre farmacéuticos y farmacólogos clínicos es ubicua y destructiva, creándose conflictos que dificultan la colaboración a varios niveles: en las agencias de control de los medicamentos, en los hospitales y en la asistencia primaria. Aún más preocupante es que en esta última, donde en algunas comunidades autónomas se ha logrado cierta integración, ambos colectivos se han visto obligados, por razones políticas de justificación ante las administraciones públicas, a dedicarse mayoritariamente a contener el gasto farmacéutico. Entre tanto, la industria domina en el campo de la información sobre medicamentos con notables sesgos económicos y falta de objetividad. La sociedad y sus representantes, los políticos, deben darse cuenta de que la información independiente es una tarea de máximo interés social que debe ser una parte integrante de cualquier sistema sanitario que pretenda velar por el bien de sus ciudadanos.