El pasado día 5 de febrero, el comisionado de Universitats i Recerca, Joan Albaiges, presentó a la opinión pública el II Pla de Recerca (1997-2000) de la Generalitat de Catalunya. Los gestores de la política científica catalana reconocieron que entre los objetivos del anterior Pla no se habían cumplido las expectativas para estimular las relaciones entre los sectores público y privado. La realidad es que los mecanismos de cooperación entre el entorno empresarial y el sistema científico público traen de cabeza a numerosos gestores científicos. En tiempos de ajustes presupuestarios, y aunque hay unanimidad sobre la necesidad de la investigación básica por sí misma, el discurso dominante -que también viene desde Bruselas- es que el dinero público dedicado a la ciencia debe fomentar la innovación en un tejido industrial que, si no se sube a este carro, perecerá. Abonándose a este discurso, el II Pla de Recerca, además de mejorar la coordinación de los diferentes departamentos de la Generalitat con partidas para investigación, incentivará la incorporación de doctores a las empresas. Esta acción presupone que hay que recurrir a la subvención para que el "virus" de la innovación penetre en el sector industrial de Cataluña y España.
Un estudio de la Politécnica de Valencia y datos de la Federación Española de Centros de Innovación y Tecnología señalan que en España, en 1987, el volumen económico de cooperación entre la empresa y los sistemas científico y tecnológico ascendió a 8.000 millones y en 1996 alcanzó 43.000 millones de pesetas. Una evolución impresionante y una cifra nada despreciable. Según las mismas fuentes, en España hay 234 centros de cooperación tecnológica con la industria. Estos datos demuestran que hay que poner,cuando menos, en cuarentena el tópico que la empresa española no innova. Quienes no lo hacen no sobreviven. El problema es que, en ocasiones, el catalejo que usan los políticos para ver la realidad se dirige hacia un punto cardinal equivocado.l