El Gobierno español practica políticas que amenazan el estado de bienestar, y, concretamente, el Sistema Nacional de Salud (SNS). Las políticas actuales cuestionan la viabilidad del SNS, debilitan la voluntad de gestión, reducen inversiones y financiación, y pueden tener efectos devastadores a medio y largo plazo. Sin embargo, no existe una visión alternativa progresista. La referencia es el SNS, que se concibió en los años 70 y que suscitó un amplio consenso de las fuerzas democráticas, quizá debido a su relativa falta de precisión. Pero es insuficiente. El crecimiento del sector está ahora detenido, su endeudamiento es exorbitante, lo cual reclama una intervención. Asimismo, el poder adquisitivo de muchos profesionales se ha reducido en términos relativos y para muchos otros en términos absolutos. En este contexto es más necesario, si cabe, definir un proyecto futuro que se convierta en el núcleo de una alternativa para la sanidad que no deje el debate sanitario en exclusiva a los gestores. Proponemos, pues, unos puntos que creemos básicos para una política sanitaria:
Solidaridad. El planteamiento subyacente en la política sanitaria progresista es la solidaridad, no abstracta, sino concreta, con la contribución de todos los ciudadanos para cubrir los riesgos de quienes lo necesiten. El riesgo no es el mismo para todos, por lo cual la solidaridad se concreta en mantener un seguro general redistributivo. Si se acepta la pluralidad de seguros que defiende el liberalismo conservador, los sectores de población más vulnerables pagarían primas mucho más caras o tendrían un grado de protección menor.
Eficiencia. Existe una exigencia creciente de eficiencia, lo cual obliga a cubrir a un coste razonable las necesidades de salud. Será necesario revisar los esquemas que proporcionan duplicidad asistencial o circuitos poco resolutivos (sobre todo urgencias y especialización fuera del marco hospitalario), porque encarecen innecesariamente la asistencia y consumen recursos que podrían utilizarse para mejorar otros servicios.
Gestión cercana al paciente. Parece oportuno aumentar el pluralismo del sistema que proporciona servicios sanitarios. Es decir, crear unidades de gestión en el seno del Institut Català de la Salut (ICS) con mayor autonomía y dotar de más protagonismo a otros proveedores públicos o sin ánimo de lucro en la prestación hospitalaria o de atención primaria.
Responsabilidad y respeto. La opción progresista no permite aceptar la mercantilización de la salud. Apostamos por confiar la gestión de los servicios sanitarios a empresas públicas, a las que no tienen ánimo de lucro o a cooperativas. Creemos que se deben introducir mecanismos de incentivación para los profesionales de la medicina, de cuyas decisiones depende la mayor parte del gasto sanitario.
Mejorar el servicio público. Es prioritario seguir el proceso de mejora de la red pública, especialmente en la culminación de la atención primaria. El objetivo debe ser un buen servicio a todos los pacientes, y no tan sólo tener un servicio para pobres .
Equidad. La reducción de las desigualdades debe ser una prioridad permanente. La desigualdad procede de las distintas condiciones de vida y trabajo. Serán necesarios más recursos en las comunidades con una salud inaceptablemente deficitaria, y programas en zonas con problemas que emergen, sobre todo para colectivos de mujeres y emigrantes.
Salud pública. Para algunas cuestiones, el planteamiento debe proceder de la salud pública. Las consecuencias del consumo de tabaco, alcohol, opiáceos o accidentes de tráfico no pueden tener una respuesta únicamente asistencial, sino que deben abordarse los factores que los condicionan, lo cual implica regular mercados y comportamientos y hacer que se cumplan las regulaciones.
Financiación. El derecho a la salud es reconocido por todos y se ha universalizado el derecho a la asistencia, lo cual obliga a asumir que su gasto dependa de los presupuestos de la Administración, separando su financiación de la que corresponde a la Seguridad Social.
Poder de los usuarios y usuarias. Uno de los defectos del sistema de asistencia pública es su origen no democrático y que no está orientado cara al usuario. Se requiere información, proporcionar al usuario y a la usuaria opciones reales vinculándole a la financiación, reforzando las organizaciones de enfermos y estableciendo mecanismos de coordinación entre ellas para trascender la especificidad de cada problema.