Quienes rechazan la despenalización de la eutanasia, esgrimen, en general, argumentos de dos órdenes distintos, que en ocasiones se entremezclan en lamentables ejemplos de confusión intelectual. Están los argumentos de índole axiológica, que apuntan al terreno de los valores morales, y otros, por así decirlo, "factuales", que intentan practicar un examen prospectivo de las consecuencias que acarreraría tal despenalización.
En el terreno de los axiológicos, algunas precisiones me parecen fundamentales por lo obvias. Quienes comulgan con la idea de que la vida individual nos ha sido concedida en una especie de usufructo, que las personas no pueden disponer de ella, harán muy bien en rechazar la eutanasia. Nadie puede (ni quiere) privarles del derecho que les permite vivir su agonía de acuerdo con sus convicciones. Pero pretender que sus conciudadanos no puedan decidir el modo que estimen más apropiado de morir, conminados por unos principios que no les son propios es, para expresarlo con benignidad, una manifestación de intolerancia opuesta al espíritu de una sociedad democrática. En resumidas cuentas, si es absolutamente legítimo rechazar la eutanasia como opción personal, no lo es oponerse a que sea despenalizada .
En el otro extremo, se plantean distintas objeciones de tipo práctico. Quizá la que merezca mayor consideración es la de quienes temen que bajo el manto protector de la regulación se disponga de una suerte de carta blanca para cometer todo género de tropelías, en especial contra las personas que son más vulnerables. Parece claro que es una objeción dirigida contra una eventual mala reglamentación. Ni que decir tiene que pueden (y deben) tomarse las disposiciones necesarias para que estos temores resulten infundados. Sirva, como ejemplo, el protocolo propuesto por la Royal Dutch Medical Association:
En nuestro país, otras medidas, como la consideración legal del "testamento vital", serían eficaces para garantizar la correcta aplicación de la eutanasia y un empleo menos restrictivo. Un extenso estudio emprendido en Holanda y promovido por su propio Gobierno en el año 1990 mostró que hasta un 2 por ciento de las muertes que se registraban eran debidas a la práctica de la eutanasia o del suicidio asistido médicamente. Por aquel entonces, en Holanda, como ocurre en la actualidad en nuestro país, la eutanasia era todavía ilegal y estaba severamente penada. No parece, pues, que nos estemos refiriendo a una realidad social a la que podamos volver la espalda.