La reciente aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage) obliga a modificar sustancialmente el régimen jurídico y presupuestario vigente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ya que esta norma no hace excepciones -una vez más los legisladores españoles se han olvidado de la ciencia-, el CSIC deberá convertirse en el plazo máximo de dos años en un organismo autónomo o en una entidad pública empresarial. El Gobierno del PP no ha definido cuál es su opción, y de hecho conviven en su seno dos posturas opuestas: la conservadora, que significa apoyar aún más el modelo actual centralizado y que arrastra herencias que fomentan la inoperancia, y la ultraliberal, que desea que la ciencia -incluso la básica- compita en el mercado como una empresa pública más. Ambas opciones no parecen demasiado adecuadas para la puesta al día del CSIC ni para promocionar adecuadamente la investigación científica. Existe una tercera vía: afrontar de una vez por todas la modernización de la organización científica española, pero ¿hay alguien realmente interesado en conseguirlo, aparte de los propios científicos? Los políticos que gobiernan -sean del signo que sean- no parecen muy preocupados por el impulso de la ciencia. Está claro que la situación actual es idónea para que Cataluña resuelva definitivamente el contencioso de su relación con el CSIC. El modelo alemán que algunos dirigentes de la Generalitat apoyan, una forma de consorcio entre los gobiernos central y autonómico, parece que sólo recibe desinterés en determinados sectores de la cúpula de CiU. Pero, atención: Cataluña no tendrá otra oportunidad de oro como la que le brinda la Lofage para aprobar esta importante asignatura pendiente.