Los suizos están acostumbrados a responder en referéndum a las preguntas más diversas. Su sistema político precisa de la continua consulta popular para aprobar determinadas medidas. Junto a preguntas aparentemente muy sencillas, en ocasiones deben pronunciarse sobre la energía nuclear o la manipulación genética. ¿Se puede someter a los ciudadanos la aprobación de una ley para autorizar o prohibir determinados experimentos de genética molecular? ¿Se puede dejar que los ciudadanos decidan si desean que se aprueben los alimentos modificados genéticamente? Muchos pensarán que son decisiones muy complejas y que quienes deben decidir son los expertos. Pero, lo cierto es, por una parte, que no siempre deciden los expertos, sino las conveniencias políticas o económicas, y que, por otro lado, no todos los expertos piensan del mismo modo.
Pese a todo, seguro que hay muchas reticencias a que los ciudadanos de países democráticos tomen estas decisiones en las urnas. Pero la complejidad del asunto no debería ser un impedimento. En algunos países se ha expuesto a referéndum el tratado de Maastricht. Y, comparado con sus características económicas y políticas, la ingeniería genética parece más bien un juego de niños.
Tampoco debemos aducir que los ciudadanos corren el riesgo de equivocarse. En primer lugar, porque equivocarse es uno de los riesgos de la democracia, preferible a la "seguridad" de los regímenes dictatoriales. Y en segundo lugar, porque, como hemos dicho, no todos los expertos están de acuerdo; las cosas no siempre son o negras o blancas.
Es cierto que el nivel de educación científica en nuestras latitudes y en otras no es muy elevado, lo cual no permite confiar en un juicio documentado sobre ciertas cuestiones. Pero ello no debe implicar que la consulta se limite a los entendidos. Cuando hay elecciones no se pide a los electores un máster en ciencias económicas o acreditar conocimientos en ciencias políticas. Y no se puede negar que en las votaciones un país, y el resto de países, se juega mucho.
La palabra clave es información. Cuando se sometió el tratado de Maastrich a referéndum, los ciudadanos recibieron información clara y sencilla sobre sus principales características, lo cual les proporcionó un nivel mínimo para decidir. Si se somete a votación la autorización de alimentos transgénicos, los medios de comunicación deberán ayudar a exponer con claridad y rigor qué características tienen y qué ventajas y riesgos presentan. Tendríamos entonces ciudadanos mejor informados sobre cuestiones muy importantes.
Quizá, someter ciertos temas a consulta popular sea un error, pero la ventaja que ello presenta es que se necesitaría una información completa y rigurosa. Entre tantas opiniones frívolas que se emiten sobre los asuntos más dispares, quizá conseguiríamos que se hable de cuestiones científicas con más seriedad.
Un referéndum científico no nos conduciría necesariamente a la respuesta acertada, pero, en cambio, sí que comportaría una opinión pública mejor informada.