Esta mezcla de intereses públicos y privados empieza a tener problemas, incluso en Estados Unidos. Un artículo publicado en "Your Health Daily" el pasado día 14 (New York Times Syndicate, versión electrónica) lo denuncia. El organismo gubernamental National Institutes of Health (NIH) desarrolló a finales de los ochenta el primer tratamiento de terapia genética de la historia. El NIH y algunos de los científicos que participaron en el trabajo obtuvieron después la patente sobre el procedimiento de la terapia genética en general, otorgándoles una condición casi de monopolio mundial. En 1990, algunos de estos investigadores cedieron los derechos a una compañía farmacéutica en la que tenían intereses (Genetic Therapy Inc.) y tres meses después esta empresa fue adquirida por la multinacional suiza Sandoz (hoy Novartis) por 295 millones de dólares. Al final, la inversión pública inicial resultó beneficiosa para una empresa privada que ni siquiera es estadounidense. Conflictos de este tipo empiezan a abrir un debate sobre cómo la sociedad recupera la inversión en unas investigaciones que han sido financiadas con sus impuestos.
Las críticas a las multinacionales no se quedan ahí. En el terreno de la agricultura y la alimentación existe también el temor a un monopolio de unas cuantas empresas. Hoy en día, cuatro multinacionales controlan el 80% del mercado mundial agrícola. Para organizaciones como Grain, la biotecnología podría ayudar a los países pobres, pero su puesta en práctica sólo incrementa la explotación Norte-Sur. El presidente de esta ONG, Henk Hobbelink, señala que "a los agricultores del Perú les iría muy bien obtener variedades de patatas resistentes a las heladas o a los de Filipinas especies de arroz adaptadas a los terrenos secos. Por el contrario, lo que han hecho las empresas es ir a lo más rentable, -productos resistentes a los herbicidas- y poca cosa más, soluciones que incrementan la dependencia de los agricultores de la industria agroquímica".
En el caso de las patentes, lo que ocurre es que las grandes compañías acuden a los países que son reserva de la biodiversidad y obtienen información sobre sustancias susceptibles de ser comercializadas, que después fabrican mediante biotecnología y de las que obtienen la patente en todo el mundo. "Los países pobres ven cómo su patrimonio cultural (los beneficios de sustancias utilizadas por los indígenas desde hace siglos) sólo es validado a escala mundial cuando lo acredita una "bata blanca", según Ana Rosa Martínez, de Grain. Aunque el convenio de Nairobi sobre biodiversidad biológica prevé una compensación económica para los países que poseen las grandes reservas de biodiversidad, para las industrias es una cuestión completamente al margen de las patentes, ya no hacen más que aplicar los acuerdos del GATT de protección de la propiedad intelectual. No hay duda que el debate sobre las patentes de la vida, lejos de ser una cuestión meramente jurídica, pplantea la globalización de la economía. Precisamente por eso, no es trivial, sino crucial para las generaciones futuras.
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